Este 2011 es año de estrenos. Estrenaremos autoridades edilicias, empresario y ubicación política de la entidad propietaria pues no se sabe hasta el momento si la Sociedad de Beneficencia seguirá como parte del Ministerio de la Mujer o pasará a formar parte de la Municipalidad de Lima.
Es, por lo tanto, momento de corregir todo lo erróneo de temporadas anteriores, que no es poco. Entre ello está el cómo y por quién es que se deben dar los premios de la feria ya que se ha escrito mucho sobre legislación para la conformación del jurado y supuestos intereses que ensucian el objetivo final: premiar siempre al mejor torero y al mejor toro.
Lo que sí ha demostrado la polémica – que dura ya varios años – es que, desgraciadamente, si no se tiene cuidado, los premios se convierten en instrumentos de poder y coacción que los alejan sideralmente del fin para que fueron creados, el mismo que pasa a segundo plano. Eso es inadmisible.
Hagamos historia: hacia el 48 se creó el Escapulario de Oro por iniciativa de Zeñó Manué. Hasta el 64, cuando inició su gestión Chopera al frente de la plaza, el premio se concedió por decisión unilateral del empresario organizador. Manuel Martínez (64 – 69) fue el primero en constituir un jurado que votara al ganador. La misma empresa, Toros y Espectáculos S. A., era la que designaba los miembros del jurado – cuya composición variaba año a año – y los trofeos se otorgaban bajo los criterios que el mismo jurado se imponía cada vez.
Fue recién en 1969 en que el jurado convocado por la empresa (según costumbre hasta entonces) lo integran el alcalde del Rímac, un representante del Círculo de Periodistas, un representante del Centro Taurino de Lima, un representante de la peña Taurina del XV, un representante del Círculo Taurino Francisco Pizarro, cuatro aficionados, un coordinador y un secretario.
En 1979 se crea el primer Reglamento General de Espectáculos Taurinos de la provincia de Lima, elaborado por Alejandro Graña, Manuel Solari y Bartolomé Puiggrós (El Comercio, 27/12) que designa como jurado de feria a cinco (5) miembros: dos de la Autoridad Municipal, un representante de los críticos taurinos, un representante de los toreros retirados y un representante de los ganaderos (ojo: tres miembros de los estamentos de la fiesta, que ahora, para algunos, estarían descalificados, que además hacían mayoría).
Cuando los asuntos culturales pasan del ámbito provincial al ámbito distrital, en 1999, se crea el primer Reglamento Taurino del Rímac y es recién entonces que el municipio distrital tiene facultades para normar la fiesta. Y dentro de lo regulado se crea un Consejo Taurino presidido por el alcalde y con los siguientes miembros: uno de la Asociación y Auxilios Mutuos de Toreros, uno de la asociación de Criadores de Ganado de Lidia, uno de la Asociación de Empresarios y Propietarios de Plazas de Toros, uno del Capítulo de Cirugía Taurina, uno del Círculo de Periodistas Taurinos, uno del Comité Nacional de Criadores, uno del Sindicato Unión de Matadores de Toros y Novillos, uno del Centro Taurino de Lima y dos miembros del Concejo Distrital. (Artículo 81) La alcaldesa era Gloria Jaramillo. Una de las atribuciones conferidas al Consejo Taurino fue la de constituirse en jurado para conceder los escapularios.
Así funciona sin ningún problema hasta que Víctor Leyton, el inefable Leyton, modifica, mediante ordenanzas sucesivas, el referido artículo a su antojo. Primero fue el 2007 en que al jurado lo hace formar por el Alcalde, dos regidores, un representante del Círculo de Periodistas Taurinos del Perú (que renuncia inmediatamente a la absurda argucia), y un representante de la Unión de Toreros (Ordenanza 159 del 8/10/2007)
Pero como esto no le basta para manejar el tema, el 17 de octubre del 2008 Leyton deroga esta ordenanza y crea otra: el jurado pasa a ser integrado por el alcalde, cuatro regidores y cuatro aficionados escogidos por él (Ordenanza 182 del 17/10/2008). Sanseacabó, ahora sí es manejable, con su gente y sus amigos aficionados, nuevos en esto.
Queda claro que si seguimos así serán sólo el alcalde y sus regidores – que no saben de esto la misa la media y no tiene porqué saberlo – quienes otorguen (o no, como este año) a su libre antojo los premios.
¿Es esto aceptable? De ninguna manera.
Y el argumento es que los miembros de los estamentos (toreros, médicos, empresarios, ganaderos, etc.) son parte interesada del espectáculo (lo que es insostenible bajo la premisa de que quienes deben juzgar y premiar son LOS QUE MAS SABEN, además de ser un insulto a la integridad de cualquiera de ellos).
Entonces explíquenme como en Madrid formaron parte del jurado del Ayuntamiento y Comunidad, Barquerito, Andrés Amorós, Federico Arnás, José Luís Benlloch, Miguel Ángel Moncholí y otros. O como en la Feria de Valencia estuvieron igualmente presentes en el jurado personajes como Isidro Prieto, Jaime Marco El Choni, Vicente Ruiz El Soro, Manolo Molés, etc., o en…todos lados. Bajo la premisa expuesta, TODOS estos personajes estarían descalificados como PARTE INTERESADA. Un absurdo.
Lo dicho, el jurado lo deben componer los miembros más idóneos de cada uno de los estamentos taurinos, incluidos aficionados pero de probada decencia. Y mientras más, mejor. Cualquier opinión en contra parecería interesada, o lo que es peor, personalizada, algo de lo que ya estamos hartos.
Además, como se ha visto, así ha sido siempre…hasta la era Leyton.
APUNTE: Es bueno conocer el pasado para tener un punto de referencia. Y en este concreto caso, enterarnos que antaño era bueno que empresarios, periodistas y especialistas zootecnistas intervengan en algo tan importante como un reglamento taurino que es el marco legal para regular el espectáculo y sin embargo, no dijeron nada (y no hubo por lo que se lee) participación de abonados y aficionados en ello. Sin embargo hoy, se rasgan las vestiduras y satanizan la participación de los estamentos en la entrega de trofeos y escupen al cielo clamando por la pureza que debe tener si solo lo integran abonados, sin estamentos.
Concuerdo con lo expuesto por Aramburú y ya fui más allá en algún artículo anterior de este blog. Lo primero es que el nuevo alcalde del Rímac Enrique Peramás confirme que se firmó un acta y se concedió el trofeo. Lo segundo, que Peramás devuelva a los estamentos echados del Consejo Taurino del Rímac para que las cosas vuelvan a su estado normal, porque es lo más conveniete, porque venía funcionando todo bien y porque era el modelo más democrático si cabe. Y, yendo más allá, en el tema del juez de plaza, buscar que exista una "colegiatura de jueces". Y debe hacerse de inmediato como señal de un futuro esperanzador para la imagen de la plaza y de la feria, ahora que estamos ad portas de un aniversario más de nuestra vieja señora.
