La decisión del alto tribunal ya fue apuntada por La Vanguardia cuando daba cuenta de que el asunto estaba siendo objeto de deliberación formal por parte de los magistrados. De hecho, fue el pasado martes cuando tuvo lugar la primera deliberación sobre el proyecto de sentencia contraria a la prohibición. La ponente de la resolución, la magistrada Encarna Roca, propuesta por CiU para el TC con el acuerdo del PP y del PSOE, ya tenía concluido el texto desde hace semanas, pero aunque existía un consenso mayoritario para anular la decisión del Parlament, el debate se centraba en la posibilidad de comprobar si era posible extender ese acuerdo mayoritario en aras de la unanimidad.
Al parecer, un sector del TC discrepaba sobre una parte sustancial de la resolución, en especial en relación con el valor cultural y de interés social que se le pueda dar a la tauromaquia. Aun sin unanimidad, el pleno del TC ha resuelto la cuestión definitivamente tras someter a votación la sentencia sobre el recurso que presentó el PP.
Ante la esperada sentencia el Govern ya había reaccionado advirtiendo que el levantamiento de la prohibición no evitará que no se puedan realizar corridas en Catalunya. Tal y como avisó el conseller de Territori i Sostenibilidad, Josep Rull, el Ejecutivo catalán articulará "todos los mecanismos normativos que haga falta" para evitar que vuelvan los toros a Catalunya.
Después de reunirse en el Parlament con miembros de la plataforma antitaurina Prou y diputados de diferentes grupos políticos, Rull afirmó que "no aceptaremos que se modifique lo que democráticamente aprobó el Parlament". Para el conseller, en este conflicto "colisionan dos principios", ya que para el TC prevalece la tradición de la fiesta nacional pero para el Govern son prioritarios los derechos de los animales, y ha agradecido al sector antitaurino que se posicione a favor de la ley catalana.
El PP recurrió un apartado de la ley, en concreto, un apartado del artículo que prohibía las "peleas de animales y otras actividades". Dicho apartado prohibía también "las corridas de toros y los espectáculos con toros que incluyan la muerte del animal y la aplicación de las suertes de la pica, las banderillas y el estoque, así como los espectáculos taurinos de cualquier modalidad que tengan lugar dentro o fuera de las plazas de toros". Quedaban excluidas de esa prohibición las fiestas de toros sin daño al animal.
Según dicho recurso -avalado por 50 senadores-, la prohibición catalana vulneró la Constitución porque iba más allá de lo que le permitía el decreto de transferencias a las comunidades autónomas en materia de espectáculos. El decreto permitía a las autonomías la regulación de los mismos, pero no la capacidad de prohibirlos.
El recurso se basaba también en el principio constitucional no escrito de la unidad del orden económico nacional, que estaría contravenido por la decisión del Parlamento de Catalunya. "La actividad taurina constituye un mercado económico propio, de producción de bienes y servicios, que se configura como un sector económico de primera magnitud (...) y es evidente que una norma prohibitiva es un elemento distorsionador y desequilibrante del mercado, que afecta a otros territorios e intereses diversos", argumentaba el recurso.
Publicado en www.lavanguardia.com
