El pasado 28 de julio, en sesión extraordinaria convocada
por el alcalde Petro, los concejales de
la alcaldía de Bogotá votaron en mayoría a favor de la consulta taurina que
preguntaría a los bogotanos si quieren prohibir o mantener las corridas de
toros y novilladas en esa ciudad. De 45 concejales sufragaron 35 y de ellos 29 votaron a favor
de que se haga la pregunta, con la negativa de 6.
La pregunta “¿Está
usted de acuerdo, sí o no, con que se realicen corridas de toros y novilladas en
Bogotá, Distrito Capital"? tendrá que ir en consulta al Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
estamento que deberá decidir si la consulta se ajusta legalmente a la
Constitución. Tribunal Administrativo de
Cundinamarca De proceder, la consulta sería el 25 de octubre, cuando se
realicen elecciones regionales para gobernadores, alcaldes y otras autoridades.
Según señala Semana.com, en palabras del concejal Roger Carrillo del
Partido Conservador, la pregunta “no tiene un efecto jurídico para modificar la
Ley 916 o Reglamento Taurino, es una consulta innecesaria y se convierte en una
simple encuesta porque no modifica la norma".
Por ello, lo que buscaría
Petro y los animalistas sería contrarrestar mediante un pronunciamiento popular la tradición taurina de Bogotá, que
fuera respaldada por la Corte
Constitucional en una sentencia sobre
los toros (sentencia C-666) declarando esa ley (2004) que refiere Carrillo ajustada a la Constitución, y en la que
señalan que en Colombia sólo se pueden autorizar espectáculos taurinos en
aquellos municipios con tradición taurina.
Asimismo, en el año 2013 la Corte Constitucional de Colombia
se pronunció en el sentido de que “ninguna autoridad municipal podrá recurrir a
actos administrativos para prohibir los espectáculos taurinos”. Sentencia que fue ratificada en febrero último, en respuesta a una acción de nulidad interpuesta
por el propio alcalde Petro, ordenando que en un plazo de seis meses reabriera
la plaza de toros de Santamaría, advirtiéndole “abstenerse de actos
administrativos para impedir o dilatar la orden constitucional”. Tras
lo cual, con el propósito de demorar la
ejecución de esa orden, la administración edil sacó a licitación obras de
reforzamiento estructural del coso, que aún no se inician y que tendrían una
duración de 18 meses.
Según el mismo medio, la Corporación Taurina de Bogotá,
empresa que administraba la plaza de toros desde el año 1999, “contempla presentar
un incidente de desacato a la sentencia de la Corte, pidiendo acciones del alto
tribunal para exigir el cumplimiento de dicho pronunciamiento”.
La consulta popular es una manera de participación del
pueblo en la toma de decisiones por parte del alcalde, pero que en ningún caso
significa que sea un mandato imperativo para la autoridad. Y en el caso que se llegue a realizar la
consulta, sería el sucesor de Petro el que tendría que adoptar una decisión,
según sea el resultado, indican los especialistas.
Gustavo Petro asumió la alcaldía mayor de Bogotá el 1 de
enero del 2012 y finaliza su mandato el 31 de diciembre del 2015.
